En el pueblo la llaman 'La curva de las mujeres'. Entre Grazalema y Ronda, junto al cauce seco de un arroyo, los arqueólogos desenterraron 17 cadáveres. Al principio les extrañó que no hubiera cerca casquillos de bala. Los forenses, más tarde, explicaron que las víctimas habían muerto de un mazazo en el cráneo, atravesadas por utensilios de trilla o despedazadas. A una de ellas le punzaron la nuca con un descabello. Casi todas presentaban «una curvatura extrema en la base de la pelvis». Las habían abierto en canal, literalmente, antes de rematarlas. Tres estaban embarazadas. También había restos de un niño de nueve años.
Ninguna pudo contarlo, claro. Ni sus hijas. Después de la masacre caló el silencio. A la madre, a la esposa, a la hermana, se las lloró en privado, de puertas para adentro, sin hacer mucho ruido. Hubo otras que salvaron la vida, por suerte, por casualidad, o porque alguien se apiadó de su juventud en un gesto último de humanidad. Ahora, en marzo de 2010, cuando esas historias tristes parecen sacadas de algún cuento macabro, lejano e imposible, la Junta de Andalucía anuncia que las indemnizará. Habrá 1.800 euros para cualquier mujer que pueda demostrar que fue objeto de violencia, tortura o vejación durante el Franquismo.
Gaditanas quedan pocas. Al menos de aquella primera etapa, de los tiempos duros en que falangistas o moros repicaban en el aldabón, en mitad de la madrugada, y tocaba paseo hasta el cuartelillo. De las que hay, muchas rehúsan amablemente contar su tragedia. «Hace demasiado tiempo de aquello», «Mi marido no quiere», «¿Para qué?» La iniciativa de la Junta se topará, todavía, con un muro infranqueable de miedo y de vergüenza. Aurora Galé, Antonia Aguilar y María Calvillo, responden a tres perfiles distintos, dos como afectadas y una como testigo directo, de los dolorosos recuerdos que avivará el decreto. leer más desde cnt.es
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