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viernes, 11 de marzo de 2011

Sortu: "Nuestra legalización no puede estar sujeta a batallas políticas"

Gara


Tras las demandas presentadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía impugnando su inscripción en el registro de Partidos Políticos, Sortu ha hecho público un comunicado en el sitúa las claves de la exigencia de legalización que demanda.

"Tenemos derecho a ser legales porque cumplimos la Ley de Partidos en todos sus términos, así como las interpretaciones que de ella ha realizado el Tribunal Supremo y porque nuestra futura actividad será coherente con los principios y compromisos estatutarios, sin que deban exigirse rechazos no previstos legalmente, planteamientos morales o expresiones de determinados sentimientos, sino única y exclusivamente actividades legales y democráticas", manifiesta.

"Nuevo proyecto político y organizativo"

Reitera que representa "un nuevo proyecto político y organizativo" para una nueva fase en Euskal Herria con el objetivo de "alcanzar y consolidar la paz, la justicia y la democracia" y que "no hemos nacido para dar continuidad organizativa ni funcional a partidos ilegalizados".

"Este proyecto político y organizativo ha manifestado un rechazo inequívoco a la violencia, y hemos explicitado abiertamente y sin ambages, que en ese rechazo se incluye la violencia de ETA", señala antes de recordar que la nueva formación rechaza "cualquier connivencia con organizaciones que ejerzan cualquier tipo de violencia, amenaza o coacción y hemos dicho que en Sortu no puede participar, ejercer responsabilidad o representarla quien no asuma explícitamente esos principios y compromisos".

Por ello, vuelve a "rechazar los actos de violencia y coacción producidos la semana pasada en Gasteiz y Portugalete con independencia de su autoría" y "desde el respeto a la presunción de inocencia" y ante la filtración de "supuestas y presuntas planificaciones de actividades tendentes a la comisión de actos de violencia contra bienes y personas, entre ellos, al parecer, contra el lehendakari Patxi López, reafirmarnos en nuestro rechazo ante cualquier acto de violencia".

Tras precisar que su rechazo a la violencia se realiza "desde el repudio de todas y cada una de ellas", Sortu se suma a la preocupación y firme rechazo a las nuevas y graves denuncias de episodios de tortura y el mantenimiento de la persecución política y judicial de militantes independentistas.

"Paz sinónimo de justicia y democracia"

Sortu insiste en que quiere contribuir a "una paz sinónimo de justicia y democracia, en el respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca, una paz pivotada en el desarrollo igualitario y sin coacción alguna de todos los proyectos políticos" y por ello entiende que "el fin de la violencia no tiene precio político".

La formación independentista señala que "no entendemos" la negativa a registrar su inscripción, ni la actuación de la Fiscalía y Abogacía del Estado, "entorpeciendo nuestro legítimo derecho a la inscripción en el Registro de Partidos Políticos y consecuente legalización".

"Palabra, democracia y reconciliación"

"Nuestro compromiso es y será que el enfrentamiento y el sufrimiento sean sustituidos por la palabra, la democracia y la reconciliación", manifiesta antes de apostillar que "nuestra legalización no puede estar sujeta a batallas políticas, a inercias de un pasado reciente de enfrentamiento violento, sino que debe entenderse como un ingrediente indispensable para construir un futuro sin violencias y desde la democracia sin límites para todos".

Apelan, por ello, a la sociedad española, a sus poderes públicos a "ser conscientes de la enorme oportunidad que debemos y podemos construir entre todos".

Indignación de una ciudadana con cáncer ante los recortes en la Sanidad pública

Magda Bandera
Rebelión

Nota de Clara Valverde: La periodista catalana, Magda Bandera (hasta hace poco periodista de Público en Madrid) acaba de hacer dar a conocer que desde hace 5 meses tiene cáncer y denuncia la privatización de la sanidad pública.


Sé que tengo cáncer de mama desde hace cinco meses. Todo va bien y el tumor reaccionó a la medicación satisfactoriamente desde el primer momento. Pero todo podría ser mucho más sencillo ahora si me lo hubieran detectado 10 meses antes, cuando fui a hacerme una ecografía para controlar mis quistes. Desde entonces, he acudido a tres médicos más -en total, dos privados y dos de la Sanidad pública-, porque sabía que algo no funcionaba bien. Su respuesta siempre fue que me tocaba sufrir, “los quistes son así”, y vieron innecesaria –o cara- hacerme una mamografía. Un cúmulo de negligencias y listas de espera, y supongo que una dosis de mala suerte, ha hecho que mi cáncer llegara a ser “localmente avanzado”.

Pero el momento clave fue julio del año pasado, cuando descubrí que tenía un ganglio axilar muy inflamado y corrí al médico de la Seguridad Social. Según el facultativo que me atendió, era “probablemente benigno”. Ante mi insistencia, encargó una ecografía que debían hacerme cuatro meses después, maldita lista de espera. “Te la harán cuando probablemente ya no lo tengas”, predijo el doctor.
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Tortura delitua da

Tortura delitua da. Torturatzen duen pertsona delitugilea da. Tortura permititzen duen nagusiak delitua egiten du. Francisco Javier Velazquez Lopez Guardia Zibilaren zuzendari nagusia delitugilea da. Funtzionario publikoak delitua egiten duela jakinda, lanpostutik kentzen ez duen arduradun politikoak delitua egiten du. Barne ministroa delitugilea da. Alfredo Perez Rubalcabak delitua egiten du, gaizkilea da.

Zigor Kodearen 10/1995 Lege Organikoa, VII. titulua, 174. artikulua: «Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, (...) sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años».

Legea aplikatzen ez duen epaileak omisio delitua egiten du eta arau dispositiboa urratzen du. Legea betearazten ez duen epailea delitugilea da. Delitugilez josita daude polizia etxeak, epaitegiak, Legebiltzarra eta Nafarroako Foru Parlamentua, Madrilgo Parlamentua eta Espainiako Gobernua. Kartzelan dago kutxazaina erre duen mukizua.