Hace tiempo que los buitres de la empresa privada, de la mano de los gobiernos central y autonómicos de turno, sobrevuelan la jugosa tarta de la sanidad pública llevándose tajadas cada vez más grandes.
El objetivo es doble: trasladar a la esfera del negocio todo aquello que pueda ser lucrativo y reducir a mínimos de beneficencia la asistencia sanitaria y sus prestaciones. Las presiones se intensifican ante las dificultades financieras de las CC.AA. Todas tienen la sanidad transferida y esa partida de gasto es, con mucho, la más importante de sus presupuestos. No se plantean pedir responsabilidades a quienes decidieron hacer aeropuertos ruinosos en medio de la nada, o planes urbanísticos faraónicos o fastos sin cuento a costa del dinero público. Han decidido recortar salarios y gasto público como sea y el copago está en el punto de mira.
Desde el famoso Informe Abril Martorell de 1991 andan ideando, opinando, lanzando bulos y especulando acerca de cómo hacer pagar al enfermo por la atención sanitaria, a crónicos y pensionistas por los medicamentos y cómo ir eliminando, como hicieron PP y PSOE con sus respectivos “medicamentazos”, la financiación pública de determinados medicamentos y prestaciones sanitarias.
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