El informe del relator de Derechos Humanos de la ONU, Martin Scheinin, recomendando la supresión de la Audiencia Nacional española y el régimen de incomunicación a los detenidos no ha gustado nada al Gobierno español, que ha arremetido contra el autor acusándole de “falta de rigor y credibilidad”. La 15 sesión del Consejo de Derechos Humanos, que concluye hoy en Ginebra, ha analizado el informe realizado por Martin Scheinin, relator de Derechos Humanos de la ONU, en el que cuestiona la legalidad de la Audiencia Nacional española y la incomunicación aplicada a los detenidos vascos alegando que perjudica los derechos y libertades fundamentales.
El Ejecutivo español ha remitido a la última sesión de la Comisión de Derechos Humanos un informe en el que “lamenta que, pese al intenso diálogo mantenido y la total cooperación ofrecida”, algunas de las valoraciones que realiza Scheinin “no se corresponden a la realidad de la lucha contra el terrorismo, ni al sentir compartido de la sociedad española”.
Asegura que sus propuestas “carecen de rigor” y “credibilidad”.
Madrid afirma que la detención incomunicada que se aplica a los detenidos vascos se realiza “con todas las garantías procesales” y que la incomunicación obedece a que “en este país hay un terrorismo activo”.
Opina que la recomendación de supresión de la Audiencia Nacional se basa “en aquellas valoraciones y recomendaciones del Relator que pretender cuestionar el marco legal e institucional sobre los que se asienta la actuación de un Estado democrático en la lucha contra el terrorismo”.
Cuestiona, también la referencia a la definición del delito de “terrorismo”. “El Gobierno español no acierta a entender qué definición internacional de delito de terrorismo sustenta la argumentación del Relator, toda vez que la comunidad internacional no ha logrado definir el delito, ni acierta a ver, tampoco, que sea el mandato del Relator proponer tal definición”.
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