La libertad de Catalunya no cabe en la constitución monárquica española

La sentencia del Tribunal Constitucional español sobre el Estatuto es un insulto a la dignidad nacional catalana y deja en la más completa evidencia que la libertad de Catalunya es incompatible con el régimen monárquico español surgido de la Transición.

El Estatuto que el Tribunal Constitucional se ha cargado en sus partes esenciales era, en realidad, un fraude. Elaborado de espaldas al pueblo y basado en un pacto entre Artur Mas y Zapatero, era un Estatuto que no sólo no recogía ninguna reivindicación obrera y popular sino que renunciaba de entrada a la soberanía nacional catalana, al someterse a lo que decidiera el Parlamento español. Cuando el Estatuto pasó por el Congreso de Diputados, lo recortaron a tal punto que Alfonso Guerra declaró que “le han pasado el cepillo y no lo reconocerá ni la madre que lo parió”. Después nos lo vendieron como un gran progreso y lo pusieron a referéndum, donde fue aprobado con una abstención del 50%.

Pero ni un Estatuto así es aceptado por el régimen monárquico español. Es por eso que el Tribunal Constitucional ha querido explicitar que la mención que hace a la nación catalana no tiene fuerza jurídica y que sólo se puede interpretar dentro de la “unidad indisoluble de la nación española”. La lengua catalana no será “preferente” sino de “uso normal” en la Administración y los medios de comunicación. El Estado podrá igualmente decidir sobre la financiación sin las limitaciones que marcaba el Estatuto. La tímida descentralización de la organización de la Justicia queda anulada y totalmente en manos del poder judicial español. El leve blindaje de competencias desaparece, teniendo el Estado capacidad de intervenir a su antojo.

El PP, la derecha española heredera del franquismo, que durante la tramitación del Estatuto desplegó una brutal campaña anticatalana al estilo de los años 30 del siglo pasado, ha quedado satisfecha. Zapatero también ha mostrado su satisfacción, diciendo cínicamente que el Estatuto ahora tiene ¡una “cuádruple legitimidad”!

Montilla, en situación patética, ha dicho que estaba “indignado” pero que acata la sentencia. Ha declarado –en línea con el Gobierno Zapatero- que la sentencia ¡“mantiene lo esencial del Estatuto”! Su “propuesta” ahora es… trabajar para “rehacer el pacto estatutario” con nuevos acuerdos políticos con Zapatero!

La derecha catalana de CiU, denunciando que la sentencia afecta al “núcleo duro” del Estatuto y que el pacto constitucional de 1978 ha quedado tocado, también acata la sentencia, aunque no lo proclame. Para CiU la gran prioridad es recuperar la Generalitat en las próximas elecciones y rehacer las relaciones con el Estado a través de un Concierto económico al estilo vasco. No quieren ningún enfrentamiento serio con el régimen monárquico español, que necesitan para imponer, junto con la burguesía española, el plan de ajuste, la reforma laboral y la de las pensiones, o sea, los planes de empobrecimiento masivo de la clase trabajadora en beneficio de los responsables de la crisis.

CiU y el Tripartito ni siquiera están dispuestos a poner a referéndum el texto mutilado por el Tribunal Constitucional, cosa que permitiría que el pueblo catalán expresara masivamente su repulsa. Todos quieren evitar el enfrentamiento directo con el régimen monárquico. IC ha defendido este referéndum con la boca pequeña, pero para añadir a continuación que “por encima de todo está la unidad de los partidos catalanes”.

Todos ellos dicen que es necesaria la unidad de la sociedad catalana en defensa del Estatuto atropellado por el Tribunal Constitucional. Quieren una “unidad nacional catalana” encabezada por Montilla, por CiU y el gobierno Tripartito, o sea, por los mismos que defienden el sometimiento de la nación catalana al régimen de la Monarquía, los mismos que apoyan y aplican las medidas de guerra social contra la clase trabajadora, los mismos que están implicados hasta el cuello en la corrupción, destapada por los casos Millet y Pretoria. No nos extraña que hayan encontrado el apoyo de la Cámara de Comercio, las patronales CECOT y PIMEC o el Gremio de Constructores. Y tampoco nos extraña que la burocracia catalana de CCOO y UGT se haya posicionado también tras Montilla y CiU. Nosotros, Corriente Roig, nos negamos a hacerlo.

La sentencia ha dejado claro que la libertad de Catalunya no cabe en la Constitución de la monarquía española, este régimen político levantado sobre la negación del derecho de los pueblos a su autodeterminación y sobre la impunidad de los crímenes del franquismo, como ha quedado evidenciado en la suspensión del juez Garzón a manos de un poder judicial heredero del franquismo.

La vía del Estatuto de Autonomía es una vía muerta. El único camino es la conquista del derecho de autodeterminación, o sea, el derecho irrestricto a la independencia, si así lo decide el pueblo catalán. Sin el derecho a la autodeterminación hablar de democracia es una burla cínica. El respeto del derecho a la autodeterminación es, además, lo que permitirá alcanzar la unidad entre los trabajadores de todas las naciones del Estado y constituye la condición básica para una unión libre y fraternal de los pueblos ibéricos, que creemos indispensable en la lucha por una Europa socialista de los trabajadores y de los pueblos.

Por todo eso, llamamos a participar a la manifestación del día 10 de julio en el bloque que, confrontado al Tripartito y a CiU, defiende el derecho a la Autodeterminación y rechaza la vía estatutaria.