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jueves, 27 de mayo de 2010

Un teniente coronel votaría 'sí' a la consulta de Sabadell sobre la independencia

Un teniente coronel votaría 'sí' a la consulta de Sabadell sobre la independencia

 En una entrevista con VilaWeb, Antoni Vila Aliana tanto se declara catalán como español, pero se siente 'irritado, decepcionado e insultado por el centralismo español'

  El teniente coronel del ejército del aire español, Antoni Vila Aliana, residente en Sabadell, apoya la consulta sobre la independencia que se hará el domingo en su ciudad.

En una entrevista con VilaWeb ( vídeo ) dice que, si puede, votará y que votará sí, como una forma de protesta, porque se siente 'irritado, decepcionado e insultado por los malos tratos que recibimos los catalanes'.

También critica a los magistrados del Tribunal Constitucional, que califica de 'viejos y anticuados', y dice que en el ejército español hay comprensión hacia el independentismo.


Antoni Vila Aliana, de sesenta y un año, es el ejército desde los dieciséis.

Tiene la condición de paisano militarizado, que le permite compaginar su labor militar con el trabajo de reparar componentes electrónicos de vehículos en su taller, en el barrio de la Creu Alta de Sabadell.


  Su ocupación principal es, sin embargo, en el ejército, donde se encarga de la reparación de componentes de aviones, helicópteros y otros aparatos militares.

Esto le ha hecho dar vueltas por el mundo: Irak, Somalia, el Afganistán ...  

  Explica que con sus compañeros habla a menudo de la situación de mal trato que recibe Catalunya

. Per Vila Aliana, 'sofrim humiliació del centralisme espanyol'. Para Vila Aliana, 'sufrimos humillación del centralismo español'.


'Nos hacemos hartos de pagar impuestos'


Y expone algunos motivos de agravio: 'Nos hacemos hartos de pagar impuestos que van a parar a España, y la mínima cosa que podemos pedir es que nos traten bien y que nos respeten.

 Y que respeten la lengua, el catalán, nuestra lengua materna. '

. Por ello entiende que el independentismo haya ido en aumento estos últimos años.  
  'Este independentismo es que los catalanes estamos muy enfadados con España, por el maltrato que hay.' I

 'Esta gente de España, de Salamanca, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, estos centralistas son todavía en el siglo XIX.
Y algún incluso a la época de los reyes católicos '.

. También opina sobre la situación política que vive el país, y se declara decepcionado de los socialistas catalanes.
'Es un socialismo catalán feo.  
  El socialismo catalán actual debería dar un poco de fe del catalanismo, pero ahora están con esta cosa de fuera.
' Y eso no gusta. '

  Vila Aliana es partidario de que CiU y ERC unan fuerzas, y ve con simpatía la posibilidad de que Joan Carretero y Joan Laporta tengan protagonismo en la política catalana.

  La situación de bloqueo del estatuto catalán al Tribunal Constitucional también le preocupa: 'Basta ver los magistrados que hay.  

. Son gente vieja, anticuada y que vienen de un franquismo y de unas ideas muy pasadas de moda.
.' Aquí conviene savia nueva. '
 


Las opiniones dentro del ejército

  Según Vila Aliana, en el ejército hay comprensión por el independentismo.
'Sí hay, pero si las ideas son bien llevadas, siempre en el punto debido, siempre en el lugar que toca.  

. Hacer independentismo con destrozos no va a ninguna parte.
Debemos hacer las cosas hablando. '

 Pero no se expresan opiniones referentes a las consultas sobre la independencia que se hacen en Cataluña.
'Ahora, [al ejército] saben que España es diversa, que hay muchas autonomías, que hay Españas muy diferentes.
 Pero hay que quisieran que todo fuera España, en español, y eso no puede ser. '

  El ejército intervendría, si se proclamara la independencia de Cataluña? S
  A este respecto, Vila Aliana de primer duda, pero después termina concluyendo que no actuaría, 'para que las fuerzas de la OTAN son las que mandan en Europa'.

 fuente con video  -traducción-  desde vilaweb.cat

Lo que trabaja el rey ...

Los trabajadores del Clínic desmienten al Rey

La operación ‘real’ y el uso de recursos públicos en clínicas privadas.

En esta ocasión la diplomacia ‘campechana’ del rey habría ido demasiado lejos al elogiar el funcionamiento de la sanidad pública tras ser operado en una clínica privada. Ésta usa los recursos públicos del Clínic de Barcelona, donde se ubica.

Cuando Juan Carlos de Borbón compareció sonriente ante los medios de comunicación para certificar su alta médica, tras una operación quirúrgica en el edificio del Hospital Clínic de Barcelona, no dudó en elogiar las bondades del sistema sanitario público. “Tenemos que estar orgullosos de la sanidad pública que tenemos, tanto en Cataluña como en Madrid”, dijo, olvidando el pequeño matiz de que estuvo ingresado no propiamente en el Clínic, sino en Barnaclínic, una clínica privada que opera en una de las plantas del edificio del Clínic.

Manicura y pedicura ‘públicas’

Esta institución privada emplea personal y recursos médicos de la sanidad pública, a los que suma una serie de servicios asistenciales adicionales de atención al paciente y sus acompañantes que incluyen peluquería, manicura y pedicura, catering externo para las comidas y servicios religiosos, entre otros, como ha denunciado recientemente la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid.

También distingue a Barnaclínic las cualidades ‘físicas’ del personal. “Las enfermeras de Barnaclínic no son las enfermeras de la pública”, señaló uno de los trabajadores del Hospital Clínic. No en vano, el rey dedicó un agradecimiento especial en su comparecencia: “Al equipo que me ha operado, a las enfermeras, a todo el mundo que me ha cuidado”.

En total, en la séptima planta del Clínic, en la que opera Barnaclínic, hay una docena de habitaciones, todas ellas individuales, que quedaron a plena disposición del rey y sus acompañantes entre el 8 y el 12 de mayo. Además, la operación en sí, la extirpación de un nódulo en su pulmón derecho, se realizó un sábado, cuando durante el fin de semana en el Clínico sólo funciona el quirófano de urgencia y no se realizan intervenciones programadas como ésta.

“La gravedad no es que utilice lo que ha utilizado, sino transmitir a la sociedad una mentira”, afirma uno de los integrantes del Comité de Empresa del Clínic en declaraciones a DIAGONAL. “Utiliza los servicios públicos... Sí claro, los mejores instrumentos, los mejores aparatos y el mejor personal lo tiene el servicio público. Lo grave está en que lo malo del servicio público –listas de espera, habitaciones con más camas– lo han subsanado poniendo una privada y diciéndote ‘si usted paga, lo malo de la pública se lo quitamos”, explicó.

El sindicato CGT ha pedido varias inspecciones de trabajo y prepara ya la solicitud de una nueva inspección porque, denuncia, se está produciendo una cesión ilegal de trabajadores de la sanidad pública en favor de una empresa privada. “Entre paciente y paciente te meten uno de la privada, y si te meten muchos te dan la opción de cobrar un extra”, indica la fuente del comité de empresa. La cuestión sería incluso más grave, ya que, hasta los propios cirujanos de prestigio que trabajan en el Clínic, estarían ofreciendo a sus pacientes reducir sustancialmente la espera para una operación acudiendo al sector privado. La misma operación, con los mismos medios y profesionales de la sanidad pública, pero con una espera de una semana o diez días en lugar de tres o cuatro meses.

Sanidad de fronteras difusas

La fórmula de Barnaclínic, legal conforme a la legislación vigente, es la exacerbación de un modelo sanitario que diluye cada vez más la frontera entre la sanidad pública y un sector privado con una presencia creciente. Catalunya se convirtió en el laboratorio de experimentación de estas prácticas con leyes como la de Ordenación Sanitaria de Catalunya, cuya reforma de 1995 incluye la aceptación del ánimo de lucro en la gestión de la sanidad pública, un planteamiento generalizado al resto del Estado con la Ley 15/97. El resultado son entidades como el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), formado por ayuntamientos, Generalitat y otros consorcios hospitalarios, con características más propias de un holding empresarial que de un sistema sanitario público, según denuncia Ramón Serna, miembro de la sección sanitaria del sindicato CATAC y experto en modelos sanitarios. Dentro del CSC está Consultoría y Gestión SA, una empresa que se comporta como una consultora sanitaria que actúa a nivel mundial y exporta el modelo de privatización sanitaria implantado ya en Catalunya.

En Catalunya, explica Serna, alrededor de un 20% de la población tiene mutuas sanitarias, un porcentaje mucho más elevado que en el resto del Estado, por lo que en un mismo centro, si ingresas como mutualista, el tiempo de espera es mucho menor, o te derivan a un centro privado.
A “descargar en el muelle”



El jefe del equipo de cirugía que operó al rey, Laureano Molins López- Rodó, es la última sensación en YouTube y Facebook. “Volver a sus actividades... Es diferente el que descarga en el muelle que el que puede ir a saludar y subir una horita al despacho, entonces yo creo que (risas) em... No... Quiero decir...”, afirmó Molins tras la intervención al ser preguntado en rueda de prensa por el plazo del alta médica. Los ‘fans del médico que dijo que el rey sólo trabaja una horita en el despacho’ son ya más de 37.000 en Facebook y ese vídeo ha sido visto por 51.000 personas en YouTube.

El Estado tardó 18 años en prohibir el uso de amianto a pesar de las advertencias de los médicos

La Administración justificó su negativa por razones económicas.

El Estado español desoyó en 1984 las peticiones de los médicos de prohibir la utilización industrial del amianto, tras detectar los primeros casos en los años 70, con el objetivo de evitar el coste económico y laboral de su supresión, que finalmente se llevó a cabo en 2002. Así lo reveló la pasada semana el neumólogo Juan Ignacio Camargo Ibarra, durante su declaración como perito en el juicio por la demanda presentada contra Uralita por 47 ciudadanos afectados por amianto de las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallés y Ripollés, que reclaman indemnizaciones por valor de cinco millones de euros.

"En 1984, los médicos apoyamos la prohibición del amianto, pero no se admitió por cuestiones económicas", explicó Camargo, quien declaró a petición de Uralita, y matizó que la normativa no incluyó la recomendación por los "costes laborales y empresariales" que podrían derivarse de su total prohibición.

El perito era uno de los tres médicos que entonces formaban parte de la Comisión Nacional de Seguimiento del Amianto, integrada también por representantes de los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, así como por las principales empresas que trabajaban con este material utilizado en la construcción, el sector naval o el textil industrial, entre otros.

Así, el entonces Gobierno de Felipe González estableció una moratoria y se limitó a restringir los niveles de exposición de los trabajadores al amianto a una fibra por centímetro cúbico en la Orden Ministerial de 1984 que aprobó el ’Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto’. En 1962, la legislación permitía una exposición de 175 fibras por metro cúbico. En 1982, se estableció la primera normativa sobre el amianto que fijó la exposición máxima en dos fibras por centímetro cúbico y obligó a las empresas a aumentar la seguridad. En 1993 el nivel se bajó a 0,6 fibras por metro cúbico hasta su prohibición en 2002.

AMIANTO EN EL MEDIOAMBIENTE.

Por otro lado, el médico explicó que las afecciones relacionadas con el amianto (placas pleurales, mesotolioma, asbestosis y cáncer de pulmón) están catalogadas como enfermedades laborales y son indemnizables, pero explicó que no existen estudios "fiables" que demuestren la incidencia medioambiental de esta materia prima.

Como ejemplo, el perito señaló la incongruencia de un informe médico, aportado al procedimiento, que concluyó que el 5% de las enfermedades relacionadas con el amianto se detectan en familiares de trabajadores, mientras que el 12% aparecen en ciudadanos de las localidades cercanas a las fábricas.

Este es el primer juicio que se celebra en España por una demanda civil presentada por un grupo de habitantes de poblaciones próximas a una de las fábricas que utilizaron el amianto desde principios del siglo XX hasta su prohibición en 2002.

Los demandantes acusan a Uralita depositar materiales con polvo de amianto al aire libre cerca de las dos localidades, mientras que la compañía defiende que siempre cumplió la legalidad vigente. Durante la mañana también declararon a petición de Uralita el médico Enrique Aldaid, que también formó parte de la Comisión de Seguimiento del Amianto junto al doctor Camargo, y los doctores César Sánchez, Joaquín Ferreiros, Anselmo López y María García Ibarrola.

Los cuatro últimos repasaron caso por caso los expedientes médicos de los 47 denunciantes. Los médicos concluyeron que, en algunos casos, la empresa deberá indemnizar a los enfermos pero dividieron por cuatro las cantidades solicitadas por estos demandantes.