La invasión de Afganistán se lleva la palma con casi 70 millones de euros
El Gobierno español autorizó al Ministerio de Defensa a gastar 142,5 millones de euros para financiar las operaciones militares en el exterior durante el tercer trimestre del año, lo que equivale a un 1,5 millones de euros diarios. Casi la mitad de esa cantidad esta destinadas a costear el despliegue español en Afganistán.
Según la reseña, el Consejo de Ministros autorizó la aplicación del Fondo de Garantía por un importe de 142.585.084,72 euros para una ampliación de crédito al departamento que dirige Carme Chacón con el fin de financiar los gastos ocasionados por la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en operaciones de mantenimiento de la paz durante el tercer trimestre de 2010.
La operación militar más costosa es Afganistán que entre julio y septiembre costaría 69,2 millones de euros, seguida de Líbano con 35,8 millones. Las dos, además de ser de las más distantes y, por tanto, con mayores dificultades logísticas, son más también las que cuentan con agrupaciones más numerosas.
La tercera misión más costosa para España es Somalia, con casi 26,9 millones de euros, seguida de Bosnia-Herzegovina, 2,3 millones.
Por último, los observadores militares destinados en misiones de las Naciones Unidas representarán un gasto entre julio y septiembre de este año de unos 200.000 euros durante esos tres meses.
El coste de las operaciones se distribuye como sigue:
Sin recortes de puestos de trabajo en las FAS
Por otra parte, el Gobierno excluyó a las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado de su decisión de suprimir puesto de trabajo de la Administración General del Estado como parte del Plan de Estabilidad que se prolongará de 2010 a 2013 para hacer frente a la crisis económica.
La supresión ascenderá a unos 10.600 puestos de trabajo de la Administración al reducir del 8 al 15 % el máximo de vacantes que podrán tener los ministerios y organismo estatales, con lo que se espera producir unos ahorros de 250 millones de euros al erario público en tres años.
La reducción de las vacantes afectará a plazas sin cubrir de la Administración General del Estado pero dotadas económicamente, referentes a comisiones de servicio; excedencias voluntarias; contratación de personal; reingresos en servicio activo; adscripciones personales y movilidad. Según los cálculos de la Secretaría de Estado de la Función Pública, de los 10.600 puestos de trabajo afectados por la reducción, 7.857 corresponderán a personal funcionario y 2.800 al personal laboral.
Según el Ministerio de Economía, La reducción de vacantes afectará a los ministerios, organismos, entidades gestoras y servicios comunes de la Administración General del Estado, Seguridad Social, agencias estatales, entes públicos y entidades públicas empresariales.
Quedan excluidos de la poda las Fuerzas Armadas; las Fuerzas de Seguridad del Estado; la Administración de justicia y centros penitenciarios, así como los servicios periféricos del Servicio Público de Empleo Estatal y controladores aéreos.
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