La Policía francesa se suma a la embestida contra los ex presos, familiares y abogados de represaliados con el arresto de David Pla en Hendaia. Rubalcaba no tardó en relacionarlo con los diez arrestados por la Guardia Civil, que cumplen hoy su tercer día de incomunicación sin la aplicación del protocolo contra la tortura. La asociación de abogados Eskubideak calificó el operativo de «terrorismo de Estado» y exigió que los detenidos sean trasladados ante el juez.
La Policía francesa arrestó a primera hora de la mañana de ayer al ex preso David Pla en Hendaia. Pocas horas después, el ministro español de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparecía públicamente para vincular esta detención con la redada efectuada por la Guardia Civil el miércoles, y lo relacionaba, de manera especial, con los tres letrados apresados.
La detención de Pla tuvo lugar sobre las seis de la mañana en su domicilio de Hendaia, que los policías procedieron a registrar durante horas.
Fueron los agentes de la Policía Judicial de la capital labortana los que arrestaron al iruindarra, pero contaron con la colabo- ración de la Subdirección Antiterrorista francesa, así como de la Comisaría General de Información de la Policía española que, según admitió el Ministerio español del Interior, mantenía un dispositivo de vigilancia sobre el joven.
En concreto, tanto en la nota que hizo pública Interior como en la rueda de prensa posterior de Rubalcaba se acusó a Pla de ser el «responsable del departamento del aparato político de ETA dedicado al apoyo a los presos y denominado HALBOKA, del cual dependería el grupo de detenidos esta semana».
Entretanto, las diez personas arrestadas el miércoles cumplen hoy su tercer día de incomunicación en manos de la Guardia Civil. Las agencias españolas afirmaban el mismo jueves que los diez ciudadanos vascos se encontraban en las dependencias de la Guardia Civil de Madrid, pero como ya informaba este periódico en su edición de ayer, sus familiares no tienen confirmación alguna sobre su estado ni paradero.
GARA ha podido conocer además que el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska ha denegado las solicitudes de aplicación del protocolo contra la tortura al menos en el caso de los letrados Jon Enparantza e Iker Sarriegi y del ex preso usurbildarra Joxe Domingo Aizpurua.
En el resto de los casos, al parecer, el juez no se ha dignado ni siquiera a notificar su respuesta mediante una providencia.
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