21 militares, y un civil por conspiración, fueron condenados por el intento de golpe. Al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, al teniente general Jaime Milans del Bosch y, posteriormente, al general de División Alfonso Armada -a este último, en la revisión de la sentencia que hizo el Supremo tras la apelación del Gobierno de Calvo Sotelo pidiendo mayor severidad- les fue impuesta la pena máxima de 30 años de reclusión y la accesoria de pérdida del servicio. Tejero cumplió 15 años y 9 meses en la cárcel. De los otros dos, ninguno llegó a pasar diez entre rejas.
Empezando porque no todos los implicados se sentaron en el banquillo, ciertamente, nadie esperaba demasiado de un juicio que de principio a fin supo a farsa y, en consecuencia, desembocó en un fallo que indignó a los españoles: amén de los absueltos por aquello de la «obediencia debida», el Tribunal Militar estableció para 11 de los 22 condenados penas iguales o inferiores a tres años. Dicho de otro modo: al emitirse la sentencia, 3 de junio de 1982, la mitad de los que fueron considerados culpables por participar en el golpe de Estado ya había cumplido más de un tercio de su castigo en prisión preventiva, y lo que recibieron fue la libertad para marcharse a sus casas.
De hecho, al no superar sus condenas los 3 años, tampoco perdieron el uniforme y muchos de los sublevados prosiguieron su carrera militar, ascendiendo en el escalafón al ritmo de sus años de antigüedad en el Cuerpo.
Esta es la auténtica democracia que hay en España.
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