El botín franquista no se toca

Isaac Rosa
Público


“En toda condena se impondrá, necesariamente, sanción económica: pérdida total de bienes, pago de cantidad fija, o pérdida de bienes determinados.” -Artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939-



Ya les he hablado alguna vez de Cecilio Gordillo, agitador político y social que desde Sevilla lleva años peleando para que el debate sobre la memoria no se cierre en falso, y sobre todo para que tenga consecuencias.

A Cecilio y sus compañeros del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT debemos algunas de las iniciativas más valiosas en la materia, como el proyecto Todos los Nombres, la recuperación del Canal de los Presos, y numerosas investigaciones, homenajes y recogida de testimonios, que han forzado a las administraciones a dar pasos como la reciente reparación a las mujeres víctimas de la violencia franquista.

Me cuenta Cecilio una de las próximas acciones del Grupo: el Proyecto Rapiña, que hinca el diente a uno de los capítulos menos conocidos de la dictadura, y sobre el que las iniciativas institucionales han pasado siempre de puntillas: el robo que en forma de expolio, incautaciones, expropiaciones y pillaje sufrieron los republicanos a manos del Estado y sus colaboradores, tanto al calor de la guerra como ya en los ‘años de la victoria’, aprovechando la represión y el miedo.

Por supuesto la floja ley de memoria histórica pasó de largo sobre un tema que nadie quiere remover, porque una cosa es desenterrar fosas o poner placas, hasta ahí vale, pero denunciar a quienes (empezando por el propio Estado) se quedaron con dinero, bienes, patrimonio, tierras, cosechas, eso son palabras mayores, con eso no se juega.

Imagino que el Proyecto Rapiña, que pretende poner en común las investigaciones existentes pero también recoger testimonios, pondrá nervioso a más de uno. El botín franquista está enterrado más profundo aún que los asesinados, y aunque se ha reparado a partidos y sindicatos, nadie se atreve a alumbrar lo sucedido con los particulares, no sea que alguien quiera recuperar lo suyo, pero también por si nos enteramos de quiénes son aquellos que levantaron o agrandaron su fortuna a costa del gran robo legalizado y escriturado que fue el franquismo