Los medios, que amplifican las protestas de presos en Cuba, silencian la negación de los derechos más básicos cuando suceden en el estado español
La Asociación de Derechos Humanos de Extremadura (ADHEX) afirmó ayer que un recluso de nacionalidad marroquí internado en el Centro Penitenciario de Badajoz lleva 24 días en huelga de hambre como protesta porque las autoridades españolas "niegan a su familia la autorización para que puedan acudir a visitarle".
En una nota, la entidad señala que apoya a este interno, de 33 años, "en su protesta contra el Consulado de España en Nador".
Explica que esta persona inició una huelga de hambre el pasado día 18 de mayo "para reclamar su derecho a tener comunicaciones personales vis a vis con su padre y su madre".
Según los informes médicos del Centro Penitenciario pacense, explica ADHEX, el interno ha perdido siete kilos en los primeros 20 días de huelga y sólo ingiere agua y alguna infusión azucarada.
"Su familia, desde Marruecos, ha solicitado repetidas veces la pertinente autorización al Consulado de España en Nador, el cual les deniega ese visado", asegura la Asociación, que agrega que presta atención jurídica a la familia del interno mediante las gestiones oportunas para recurrir la última denegación de ese permiso de estancia.
En este sentido, afirma que el Consulado les denegó la autorización para viajar en España "alegando que estas personas no documentaban el objeto de su visita y no acreditaban suficientes garantías de retorno a su país de procedencia".
ADHEX añade que la familia ha declarado que desean seguir residiendo en Marruecos, donde tienen su fuente de ingresos, en concreto un taxi propiedad de la familia, y que ha aportado justificantes de que el motivo de su viaje a España es la visita a su hijo recluso.
También ha acreditado, continúa, que el Centro Penitenciario ha autorizado las visitas, que ha declarado el lugar donde se alojarán y aportado los billetes de avión, con fechas cerradas de ida y vuelta coincidentes con la fecha autorizada por la prisión para efectuar la visita.
ADHEX señala, asimismo, que "cada vez que esta familia solicita nuevamente el permiso supone un desembolso de unos 700 euros en gastos de gestión" y que "una de las exigencias que se les impone es que dispongan de 3.000 euros por persona para demostrar que tienen medios económicos suficientes para poder entrar en España".
Según la organización, "para este interno estos sacrificios económicos son muy difíciles de asumir para su padre, taxista, y su madre, ama de casa", tras lo que subraya que el interno "ya está cumpliendo la pena de privación de libertad impuesta por la legislación, pero se le está vulnerando su derecho a mantener comunicación personal con su familia".
Por todo esto, explica que no entiende que se rechace la autorización y que en breve se dirigirá al Defensor del Pueblo para informarle de la situación y solicitar su mediación.
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