La reforma laboral perpetuará la división sexual del trabajo

Las autoras, militantes de Izquierda Anticapitalista, explican cómo la reforma incidirá en la discriminación económica de las mujeres.


Se ha escrito y reflexionado mucho sobre los impactos de la actual crisis en la clase trabajadora, así como sobre la eficacia de las medidas adoptadas por el Gobierno para paliarlos.

Poco se ha dicho, sin embargo, de las maneras específicas que, tanto la crisis como las respuestas gubernamentales a ella, están teniendo sobre las mujeres. Éstas sufren de forma particularmente aguda la situación actual, ya que se siguen encontrando atrapadas en un bucle cuyas principales fuerzas tensoras son su vulnerabilidad en el mercado laboral y su perpetuo rol en el hogar.

Procesos como la tardía contracción de la demanda de mano de obra en el sector servicios, el anunciado Plan de Austeridad, así como la reforma de las pensiones, han sido presentados –e incluso criticados– de manera genérica, sin incorporar en los análisis las formas en que dichos cambios afectan a las mujeres. A menudo se olvida que, aunque tardíamente, el crecimiento endémico del paro ha acabado alcanzando también a las mujeres. Además, el recorte social resultante del inminente Plan de Austeridad recaerá en gran parte sobre las espaldas de millones de mujeres, que serán las que cubran con su trabajo invisible y no remunerado las negligencias del Estado. Seguirán siendo, asimismo, las mujeres las que cubrirán en los hogares la escasez de residencias, de escuelas infantiles, de personal sanitario, etc., viéndose a la larga “recompensadas” por todo ello con un recorte en sus pensiones por no haber permanecido laboralmente activas de forma constante y completa.

Tomemos, por ejemplo, la inminente reforma laboral del Gobierno. Entre sus muchas propuestas se encuentra el estímulo a los contratos a tiempo parcial. Si bien las propuestas del Gobierno para la reforma laboral se empeñan en demostrar las ventajas y maravillas del contrato a tiempo parcial con horario fijo como mecanismo para garantizar la conciliación de vida familiar con vida laboral, dicho modelo de contratación no responde más que a la necesidad de la patronal de flexibilizar el mercado laboral. Responde asimismo a su necesidad de eliminar los gastos que las empresas han venido asumiendo como consecuencia de las Leyes de Dependencia e Igualdad, aprobadas en los últimos años.

Cuando se habla de jornada a tiempo parcial en realidad se está hablando de jornada parcial femenina, ya que actualmente el 80% de las “beneficiarias” de estos contratos son mujeres. El estímulo de este tipo de jornada no hará más que reforzar la actual división sexual del trabajo, en la que las mujeres sufren mayor vulnerabilidad laboral y realizan de forma solitaria las tareas domésticas y de cuidados; y los hombres, con contrato a jornada completa y la cual es cada vez más larga, se desentienden –voluntariamente o no– de dichas tareas. La generalización del contrato a tiempo parcial con horario fijo seguirá perpetuando la ausencia de una verdadera corresponsabilidad en el reparto del socialmente necesario trabajo reproductivo y constituirá un obstáculo crucial para el logro de la autonomía económica de las mujeres. En lugar de promover la jornada parcial, el Gobierno debería estar apostando por una reducción de jornada para todas y todos sin reducción de salario ni de prestaciones, ni de derechos sociales, lo cuál sería coherente con una política de verdadera repartición de los trabajos –tanto el productivo como el reproductivo– en un contexto de tasas de paro sin precedentes y de severos recortes en gasto social