En febrero de 2003, el juez de la Audiencia Nacional Juan de Olmo decidió cerrar el periódico Egunkaria,
único que se publicaba íntegramente en lengua vasca, en base a unos supuestos delitos derivados de
investigaciones realizadas por la Guardia Civil, a instancias del gobierno español del momento. Junto al
cierre procedieron a la detención de 10 personas (nueve de ellas anteriores o actuales directivos del
diario), acusadas en aquel momento de pertenencia o colaboración con ETA.
En los cinco días de incomunicación que padecimos en los calabozos de la Guardia Civil en Madrid, 6 de
los detenidos sufrimos torturas, consistentes en agotadores ejercicios físicos hasta la extenuación,
vejaciones, humillaciones, falta de descanso, asfixia (aplicación de “la bolsa”), amenazas, implicando
incluso a personas queridas y cercanas. Estos hechos fueron puestos en conocimiento del juez instructor
en el momento de la declaración judicial nada más salir, sin que se tomara la molestia de abrir una
investigación.
Entre los acusados hemos sumado 28 meses de prisión preventiva, limitando los movimientos a las
personas que dejaron en libertad condicional.
El cierre del periódico supuso la pérdida de trabajo de sus 150 empleados, así como cuantiosas pérdidas
económicas. Y privó a sus periodistas, lectores, anunciantes y a la sociedad en general de una
información diaria y de calidad, y de una plataforma mediática en la lengua por ellos elegida.
A pesar de que la fiscalía retiró todos los cargos ya en 2006, por no apreciar siquiera indicios, el juicio se
celebró recientemente en la Audiencia Nacional de Madrid, con la única acusación de la AVT o Justicia y
Dignidad, lo que nos ocasionó cuantiosos gastos en viajes, estancias y defensa, y tiempo que tuvimos
que restar a la fuerza a la actividad laboral, social o familiar.
Finalmente la sentencia nos absuelve con claridad a los procesados, por no existir actividad delictiva
alguna, y declara ilegal el cierre del periódico, desmontando así el intento de criminalizar la actividad y la
expresión del pueblo vasco en su propia lengua.
Tenemos derecho a una indemnización y reparación por todos los perjuicios que nos han ocasionado en
estos 7 años de sufrimiento injusto. Y los responsables de la Guardia Civil que nos detuvo y maltrató, así
como sus responsables políticos, deben dar explicaciones y asumir su responsabilidad. Estas
reparaciones son de justicia, aunque no hay dinero que pueda borrar las heridas que te deja, por
ejemplo, la tortura.
Porque el estado español, como por desgracia ocurre con muchos países llamados democráticos, sigue
practicando la tortura, por mucho que lo nieguen los responsables de Interior. Son innumerables y
continuadas las denuncias de organismos internacionales al Estado Español por no impedir la práctica
de la tortura. Si en algo se diferencia un estado dictatorial de uno democrático, es por el respeto con el
que este último debe tratar a todo ser humano, sea delincuente, presunto o inocente.
Son muchas las personas que, como nos ha ocurrido a nosotros, sufren en los medios de comunicación
un veredicto previo de condena (terrorista o cualquier otra acusación), y que finalmente son declaradas
inocentes en instancia judicial. No es justo que la opinión pública, condicionada por algunos medios poco
profesionales, condene antes de tiempo. Los medios de comunicación deben informar con veracidad y
respeto; es un derecho, no sólo de los afectados, sino también de los ciudadanos receptores de
información, que deben exigir rigor en el tratamiento de las noticias.
Sólo me cabe agradecer a quienes en todo el estado español, y fuera de sus fronteras, nos han apoyado
en este largo proceso, incluso asumiendo el riesgo de ser acusados, ellos también, de pertenecer a un
“entorno” en el que son presa fácil de los llamados poderes fácticos.
Martxelo Otamendi 26 de abril de 2010
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